El parlamentario cordobés formalizó una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para conocer si existen fondos públicos destinados a perfiles no oficiales de terceros que difunden actos de gobierno. Exige precisiones sobre las partidas presupuestarias y los mecanismos de control.

Un reclamo de transparencia institucional en la era de la comunicación digital

El financiamiento, las metodologías de contratación y los criterios de asignación de los recursos destinados a la pauta publicitaria institucional por parte del Estado volvieron a instalarse en el eje del debate parlamentario de nuestra provincia. El legislador Juan Pablo Peirone formalizó la presentación de un exhaustivo Pedido de Informes dirigido de manera directa al Poder Ejecutivo Provincial. La iniciativa busca echar luz sobre la trazabilidad del gasto público y los procedimientos administrativos empleados para la difusión de los actos de gobierno, con especial énfasis en aquellas campañas que se ejecutan a través de perfiles y cuentas de terceros en las redes sociales.

A criterio del legislador, la comunicación institucional emanada desde las esferas estatales reviste una carga pública que exige claridad, regularidad legal y un sólido respaldo administrativo. En una coyuntura donde los entornos virtuales se han transformado en plataformas preponderantes para el flujo informativo, Peirone remarcó que la ciudadanía y los contribuyentes de nuestra región conservan el derecho inalienable de conocer con absoluta precisión quién comunica, bajo qué órbita presupuestaria lo hace y con qué recursos específicos se financian dichos esquemas.

Los puntos clave del pedido de informes: cuentas de terceros y partidas presupuestarias

El documento ingresado formalmente a la Legislatura de Córdoba desglosa una serie de requisitorias técnicas orientadas a auditar los vínculos contractuales entre la administración central y las plataformas de contenidos digitales que operan por fuera de los canales institucionales tradicionales de nuestra provincia. Específicamente, el legislador y los equipos técnicos pretenden determinar con claridad:

• Vinculación con perfiles privados: Si existen relaciones contractuales, convenios específicos o financiamiento público directo o indirecto destinado a campañas difundidas desde perfiles, páginas o cuentas de redes sociales distintas a los canales oficiales del Gobierno.
• Trazabilidad económica: Si se constató la utilización de fondos de las arcas públicas para sostener estas estructuras de amplificación digital.
• Asignación contable: Bajo qué número de expediente administrativo y mediante qué partida presupuestaria específica se ejecutaron y devengaron las mencionadas erogaciones.
• Auditoría y control: Qué mecanismos internos de fiscalización, control de gestión y supervisión técnica aplica el Estado para corroborar la contraprestación efectiva de estos servicios de pauta en nuestra zona.

Redes sociales bajo la lupa y la exigencia de reglas claras para todos los cordobeses

Al fundamentar los alcances de la presentación, Juan Pablo Peirone reconoció que la tecnología y las redes sociales representan hoy en día herramientas indispensables y directas para el ejercicio de la comunicación pública. No obstante, advirtió de forma rigurosa que esta misma masividad obliga a extremar los controles éticos e institucionales. «Justamente por eso, cuando hay recursos públicos involucrados, debe existir transparencia, trazabilidad y control», sentenció el parlamentario, insistiendo en que las reglas de juego deben ser claras e iguales de cara a toda nuestra comunidad regional.

Desde Tiempo Regional, realizamos un seguimiento pormenorizado de las iniciativas legislativas vinculadas a la fiscalización de los fondos del Estado en nuestra provincia. Entendemos que transparentar el destino de la pauta publicitaria, fijar auditorías rigurosas sobre los ecosistemas digitales y certificar el correcto direccionamiento del dinero de los contribuyentes constituyen las herramientas más transparentes, indispensables y efectivas para robustecer la calidad democrática, asegurar la ecuanimidad informativa y velar por el patrimonio de todas las familias que habitan en nuestra comunidad.