Un informe advierte que el uso de una canasta de inflación desactualizada provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de jubilados y pensionados
Un desfase que impacta en los haberes
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberían ser un 21% más altas si el Gobierno nacional hubiese aplicado la actualización correspondiente a una canasta de consumo acorde a la inflación real, según concluye un informe difundido en las últimas horas.
El análisis cuestiona la decisión del Ministerio de Economía de continuar utilizando una canasta de consumo que data del año 2004, postergando la implementación de la nueva metodología estadística que debía entrar en vigencia este mes.
Movilidad jubilatoria y pérdida de poder adquisitivo
De acuerdo al relevamiento, desde la aplicación de la nueva fórmula de movilidad decretada por el presidente Javier Milei, los haberes mínimos aumentaron un 99% entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, si se hubiese utilizado una medición de precios actualizada, el incremento debería haber sido del 140%.
Esta diferencia genera una brecha del 21% en la actualización de los ingresos previsionales, que se traduce en una pérdida directa para los jubilados. En términos acumulados, cada beneficiario de la jubilación mínima habría perdido $1.032.000 solo por el desfase del índice inflacionario.
El bono congelado y el impacto acumulado
El informe también incorpora el efecto del bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024. Al sumar este factor, la pérdida total asciende a más de $2.401.483 por jubilado durante el período analizado.
La situación se agrava al comparar los haberes con el costo de vida real. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, en octubre de 2025 la canasta básica para un adulto mayor alcanzó los $1.514.074, mientras que la jubilación mínima más el bono apenas llegaba a $396.298, monto suficiente para cubrir solo ocho días del mes.
Críticas al Gobierno nacional
La crítica apunta directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien se cuestiona por postergar la actualización estadística bajo el argumento de esperar la consolidación del proceso de desinflación. El informe contrasta esta decisión con el aumento de los salarios del Gabinete nacional, que se habrían duplicado hasta alcanzar los $5 millones mensuales.
El análisis concluye que la falta de actualización de los índices oficiales profundiza el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados, uno de los sectores más vulnerables frente a la inflación sostenida.
