A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció el protocolo para que quienes generen falsas alarmas o hechos de violencia en colegios resarzan económicamente al Estado. El mecanismo incluye intimaciones de pago en 5 días y acciones judiciales a través de la Fiscalía de Estado.

Un freno a las falsas amenazas y el uso de recursos públicos

El Gobierno de la Provincia de Córdoba dio un paso decisivo este lunes al formalizar el sistema de recupero de gastos generados por amenazas de bomba, hechos de violencia y conductas de riesgo en los establecimientos educativos. Tras la publicación en el Boletín Oficial, quedó plenamente vigente el protocolo que regula el procedimiento administrativo para reclamar el costo de los operativos a los autores de los hechos o a sus tutores legales.

La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, tiene como objetivo principal garantizar el uso responsable de los bienes del Estado. En nuestra zona, donde los despliegues de brigadas de explosivos y servicios de emergencia suelen afectar la normalidad de las instituciones, esta normativa busca desalentar bromas de mal gusto o actos vandálicos que obligan a movilizar personal policial y logística especial con un alto impacto presupuestario.

Así funciona el protocolo: plazos y acciones judiciales

El procedimiento administrativo es estricto y se activa de manera inmediata tras la intervención del Ministerio Público Fiscal. Una vez que se identifica a los autores del hecho y a los adultos responsables (en caso de menores de edad), el Ministerio de Seguridad procede a determinar los costos operativos de la intervención. Esto incluye desde el combustible de los móviles hasta las horas de servicio del personal especializado.

A partir de la elaboración del expediente, el Estado enviará una intimación de pago con un plazo perentorio de solo 5 días. En caso de que los responsables no abonen la suma reclamada, se dará intervención automática a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales de recupero. «Quien genera un riesgo innecesario y obliga al Estado a gastar recursos que deberían estar en la calle previniendo delitos, deberá hacerse cargo», explicaron fuentes ministeriales a Tiempo Regional.

Qué recursos se facturarán a los responsables

El protocolo de resarcimiento es amplio y contempla la totalidad de los recursos afectados en cada operativo. Esto abarca el despliegue de personal policial, servicios de emergencia (ambulancias y paramédicos), brigadas especiales —como la de Explosivos o el ETER— y todos los medios logísticos cuya activación genere un costo directo a la Provincia.

Desde Tiempo Regional, destacamos que esta política busca llevar tranquilidad a las comunidades educativas de Almafuerte y el departamento Tercero Arriba, estableciendo un límite claro a las conductas que ponen en jaque el dictado de clases y la seguridad ciudadana. Con la puesta en marcha de esta resolución, la Provincia reafirma que la seguridad en las escuelas es una prioridad y que los actos de irresponsabilidad tendrán, a partir de ahora, una consecuencia económica directa para los bolsillos de quienes los provoquen.