El Gobierno nacional evalúa una serie de reformas fiscales que incluyen la eliminación del Monotributo, cambios en el régimen de autónomos, un nuevo piso del Impuesto a las Ganancias y un esquema de reducción de aportes para promover el empleo formal. Las medidas fueron comunicadas por el equipo económico en reuniones con empresarios del sector privado.
Reuniones con empresarios y objetivo de “formalización”
Según trascendió, el Ejecutivo planteó ante representantes del sector productivo que busca “formalizar la economía” mediante una reestructuración integral del sistema impositivo.
La propuesta implicaría que todos los contribuyentes pasen al régimen general, poniendo fin al Monotributo, al que actualmente están inscriptos más de 2,1 millones de personas.
Principales cambios que evalúa el Gobierno
Eliminación del Monotributo
La iniciativa presentada en borradores indica que el Monotributo sería eliminado y que sus contribuyentes pasarían a tributar como autónomos, incorporándose al régimen general.
Nuevo esquema para autónomos
El Gobierno analiza implementar una escala de ingresos que iría de $100.000 a $500.000, con la posibilidad de deducir gastos personales.
En cuanto al IVA, se fijaría un *umbral mínimo equivalente a la categoría F del Monotributo, lo que representa *$3 millones mensuales.
Cambios en el impuesto a las ganancias
La reforma contempla la creación de un único mínimo no imponible, que estaría vinculado a un salario promedio proyectado en $1,7 millones para 2025.
El objetivo es simplificar el sistema y unificar criterios de tributación.
Nuevo régimen de empleo
El Gobierno también evalúa un esquema para reducir contribuciones patronales y aportes en nuevas relaciones laborales.
El beneficio alcanzaría:
- Empleados recientemente contratados.
- Personas que hayan estado más de 6 meses sin empleo.
- Ex monotributistas que se incorporen a trabajos formales.
Un cambio que afectaría a más de 2 millones de contribuyentes
De concretarse la eliminación del Monotributo, el impacto recaería sobre 2.159.000 trabajadores independientes, según los últimos datos oficiales.
Para el Gobierno, la transición permitiría mayor formalización, trazabilidad y transparencia, aunque sectores profesionales plantean dudas por los costos que implicaría incorporarse al régimen general.
