La Cámara de los Comunes aprobó una moción para divulgar archivos vinculados a su desempeño como enviado comercial y sus contactos con Jeffrey Epstein.
Moción aprobada en la Cámara de los Comunes
La Cámara de los Comunes aprobó una moción que exige la publicación de documentos relacionados con el nombramiento y desempeño del Príncipe Andrés como enviado especial para el comercio internacional entre 2001 y 2011.
La decisión se produjo tras una iniciativa presentada por el Partido Liberal Demócrata, cuyo líder, Ed Davey, impulsó el debate parlamentario. El Gobierno manifestó su apoyo a la moción, aunque aclaró que no divulgará información que pueda afectar investigaciones en curso.
Según se informó, los archivos serán publicados una vez que la Policía británica considere que no interfieren con las pesquisas abiertas sobre Andrés Mountbatten-Windsor.
El origen del escándalo y los vínculos con Epstein
Las investigaciones surgieron a partir de correos electrónicos hallados en los archivos del financista estadounidense Jeffrey Epstein. En uno de ellos, fechado en 2010, se menciona el envío de informes confidenciales vinculados a viajes oficiales del entonces enviado comercial a países asiáticos.
Si bien el expríncipe no está siendo investigado por delitos sexuales, su cercanía con Epstein y la presunta divulgación de información sensible del Gobierno británico lo colocaron bajo sospecha por posible “mala conducta en un cargo público”.
La semana pasada, Andrés fue detenido durante 11 horas y posteriormente liberado sin cargos, aunque las pesquisas continúan.
Debate sobre la línea de sucesión
El ministro de Comercio británico, Chris Bryant, confirmó que el Ejecutivo analiza avanzar con una legislación para excluir a Andrés de la línea de sucesión al trono, donde actualmente ocupa el octavo lugar.
Aunque fue despojado de sus títulos nobiliarios en 2025 tras la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, el hermano menor del Carlos III continúa figurando en el orden sucesorio.
El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad institucional y el alcance del poder en las altas esferas del establishment británico, en un escándalo que, según Davey, “ha suscitado dudas profundas sobre cómo se ejerce el poder en el Reino Unido”.
Mientras tanto, el Gobierno reiteró que respaldará la transparencia parlamentaria, pero priorizando el desarrollo de la investigación judicial en curso.
