El parlamentario por el departamento Calamuchita lanzó un duro comunicado denunciando fallas estructurales en la Justicia y en las dependencias de seguridad de la provincia. Exigirá respuestas inmediatas a los organismos de protección de derechos para esclarecer si hubo desatención de alertas previas sobre el acusado.

Reacción institucional: duras críticas al entramado político y judicial de la provincia

El trágico desenlace del caso que conmociona a la sociedad cordobesa generó inmediatas y severas repercusiones en el arco político de nuestro departamento y de toda la región. El legislador provincial por Calamuchita, Mauricio Jaimes, se pronunció de manera categórica a través de un documento institucional donde expuso un profundo malestar por la actuación de las autoridades, señalando de forma transparente que las dependencias del Estado de nuestra provincia y el servicio de Justicia fallaron de manera severa al llegar tarde para salvar a la adolescente.

Para el parlamentario regional, el desenlace fatal de la menor es el reflejo directo de un problema estructural más profundo que afecta el funcionamiento institucional. En su descargo, Jaimes aseveró que el silencio frente a estos hechos equivale a una forma de encubrimiento, apuntando de manera directa contra la ineficiencia de las autoridades de control civiles y los manejos de los cargos públicos dentro del organigrama estatal, argumentando que la falta de respuestas preventivas oportunas por parte de los funcionarios intervinientes configura un escenario de complicidad material con el delito.

Pedido de Jury de enjuiciamiento y exigencia de informes a ministerios clave

Ante la gravedad institucional de los hechos, el representante de nuestra comunidad en la Unicameral anticipó las medidas administrativas y legales que impulsará formalmente en el transcurso de los próximos días. La principal acción de control se concentrará en la exigencia de un Jury de enjuiciamiento para el fiscal de instrucción Iván Rodríguez, a quien el legislador responsabiliza técnicamente por haber dispuesto con anterioridad la liberación del presunto victimario en el marco de otra causa penal previa.

De igual manera, Jaimes adelantó que interpondrá pedidos de informes urgentes dirigidos al Gobierno de Córdoba con el propósito de examinar de forma pormenorizada la cadena de intervenciones públicas. La presentación civil y parlamentaria buscará determinar si existían alertas o expedientes abiertos en relación a la situación de vulnerabilidad de la víctima, al historial del acusado y a su entorno de convivencia directa, involucrando de forma obligatoria a las siguientes dependencias técnicas:

• Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Para auditar los protocolos de resguardo activados en favor de la menor.
• Polo Integral de la Mujer: A los fines de verificar antecedentes de violencia o denuncias conexas en el núcleo de relaciones.
• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF): Para evaluar los informes socioambientales previos del contexto familiar.
• Ministerio de Seguridad de la Provincia: Con el objetivo de revisar los antecedentes mecánicos y las planillas prontuariales del sospechoso detenido.

El legislador por Calamuchita concluyó remarcando que este doloroso panorama no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia acumulada de una inacción prolongada en el tiempo por parte de quienes ocupan responsabilidades civiles claves en las áreas de prevención y asistencia social del territorio cordobés durante este 2026.