El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a una medida cautelar de alcance colectivo. Advirtió que el cese de los fondos y la falta de medicamentos ponen en riesgo inminente tratamientos vitales y la subsistencia de centros terapéuticos y cottolengos en toda la región.
Una orden judicial para proteger a los sectores más vulnerables
El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad en nuestra provincia recibió un respaldo judicial determinante en las últimas horas. El titular del Juzgado Federal N.° 3 de Córdoba, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida cautelar de fuerte impacto institucional al ordenar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Atención de Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) y al programa Incluir Salud —dependiente del Ministerio de Salud de la Nación— que procedan a normalizar de manera efectiva la cadena de pagos en un plazo perentorio de 72 horas.
La resolución judicial responde al amparo colectivo impulsado semanas atrás por la abogada Marta Elvira Lastra, referente del espacio «Defendamos Córdoba». El magistrado argumentó que las demoras crónicas en los desembolsos de las prestaciones previstas por la Ley N.° 24.901, sumadas a la interrupción de la entrega de insumos esenciales, configuran una amenaza inminente de daños definitivos sobre un colectivo que presenta una situación de múltiple vulnerabilidad en nuestra comunidad, conformado por niños, adultos mayores y personas con discapacidad de escasos recursos.
El duro impacto financiero en las instituciones terapéuticas de la región
Para la fundamentación del fallo, el tribunal recabó informes de diversas entidades afectadas en nuestra región y la provincia, tales como la Asociación Apadim Córdoba, la Clínica Villa Bustos, el Centro de Vida Alegría, el Centro Educativo y Terapéutico «Mi Lugar» y el Pequeño Cottolengo Don Orione. Estas instituciones reportaron un panorama asfixiante que pone en serio riesgo la continuidad de los servicios, los cuales están declarados por ley como de interés público nacional.
El caso del Pequeño Cottolengo Don Orione expone con crudeza la realidad económica de nuestra zona: la entidad informó que la mora estatal los perjudicó en más de $41.500.000 solo en concepto de intereses abonados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) por aportes previsionales impagos en lo que va de 2026, sumado a otros $14.400.000 de intereses acumulados en 2025. Asimismo, denunciaron que debieron desdoblar el pago de sueldos a sus trabajadores y que Incluir Salud discontinuó por completo la entrega de medicamentos esenciales durante los meses de febrero, marzo y abril, una situación alarmante para las familias de nuestra zona.
El marco de la Emergencia Nacional y el límite de seis meses
En sus considerandos, Vaca Narvaja inscribió el conflicto en un contexto normativo complejo. Recordó que el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.° 27.793 declarando la Emergencia Nacional en materia de Discapacidad hasta fines de 2026. Si bien el Poder Ejecutivo intentó frenar su ejecución mediante decretos de necesidad y urgencia bajo el argumento de cuidar las cuentas públicas y el equilibrio fiscal, fallos posteriores de juzgados federales de Buenos Aires validaron la plena vigencia de la norma.
El magistrado de Córdoba desestimó los argumentos de la Subsecretaría de Políticas de Acceso del Ministerio de Salud de la Nación, que justificaba las demoras en un «reordenamiento estructural», al entender que la falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento médico genera retrocesos irreparables en el desarrollo de los pacientes. La medida cautelar colectiva tendrá una vigencia de seis meses o hasta tanto recaiga una sentencia firme sobre el fondo del amparo. Desde Tiempo Regional, seguiremos de cerca el cumplimiento de este fallo, vital para asegurar la dignidad y la salud de cientos de familias en nuestra comunidad.
