La Fiscalía de Instrucción de Río Tercero inició actuaciones tras la difusión pública de un presunto hecho de bullying que damnifica a una alumna de 12 años del IPET 98 Luis de Tejeda. Se ordenaron informes médicos, testimoniales y la participación urgente de ministerios y gabinetes de contención.
Actuación de oficio y primeras medidas probatorias en el ámbito escolar
El abordaje y la prevención de la violencia en los entornos educativos vuelven a congregar la atención de las autoridades institucionales de nuestra provincia. De acuerdo con lo informado oficialmente por la Fiscalía de Instrucción de Foro Múltiple N.º 2 de la vecina ciudad de Río Tercero, se lleva adelante una investigación penal de oficio ante un presunto y grave caso de acoso escolar (bullying). El hecho, que involucra de manera directa a una menor de 12 años de edad que asiste al IPET 98 Luis de Tejeda, cobró estado público el pasado 5 de junio a través de la emisora radial FM Sol, lo que motivó la inmediata acción de los estamentos judiciales.
El fiscal a cargo de la instrucción, Nicolás Torres, confirmó que desde el momento en que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de la situación, se dispuso una batería de medidas urgentes orientadas a resguardar la integridad de la niña y determinar los alcances del suceso. En este sentido, el funcionario precisó que ya se avanzó con la recepción de declaraciones testimoniales al entorno del caso y se solicitó de manera formal un informe médico técnico detallado sobre el estado de salud general de la alumna afectada. Asimismo, se libraron oficios dirigidos a la dirección de la escuela técnica para que remita los antecedentes y los protocolos de convivencia escolar vigentes que se aplicaron ante la situación denunciada.
Articulación de organismos provinciales para brindar contención integral
Dada la naturaleza del hecho y las normativas vigentes de protección de menores en nuestra comunidad, la Justicia requirió la participación activa de diferentes dependencias gubernamentales, tanto del ámbito municipal como provincial, con el propósito de ofrecer un esquema de asistencia y acompañamiento interdisciplinario a la víctima y a su grupo familiar.
«Nos encontramos investigando un hecho de gravedad. Requerimos la intervención de la Municipalidad, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la Provincia, y también del Ministerio de Educación, todo ello para garantizar la contención y el seguimiento de la niña», puntualizó el fiscal Torres respecto a la red de contención activada en este período de 2026. Según consta en el reporte de la fiscalía interviniente, la menor ya recibió la atención sanitaria primaria requerida y permanece bajo supervisión y asistencia de los equipos profesionales dedicados al cuidado de la niñez. En el tramo final de sus declaraciones, el magistrado remarcó la importancia crucial de que las instituciones escolares de nuestra región detecten y actúen de manera temprana y preventiva frente a escenarios de hostigamiento o discriminación, garantizando aulas seguras para el desarrollo de los estudiantes.
