El fiscal Franco Mondino solicitó el juicio oral contra ex funcionarios provinciales y jefes policiales por hechos posteriores al asesinato del joven ocurrido en agosto de 2020. Entre los acusados se encuentra el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Pedido de elevación a juicio
El fiscal Franco Mondino solicitó la elevación a juicio oral contra 11 funcionarios públicos imputados por su actuación posterior al crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por efectivos policiales en la ciudad de Córdoba en agosto de 2020.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación y se inició tras la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen, que juzgó el homicidio y abrió la posibilidad de analizar las responsabilidades institucionales posteriores al hecho.
Funcionarios acusados
Entre los imputados se encuentra el ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Fernando Mosquera, junto al ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano, y el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de la Policía.
La acusación alcanza a funcionarios del área política, policial y administrativa, por distintos delitos vinculados a encubrimientos, abusos de autoridad y ofrecimiento de dádivas.
Los hechos que llegarán a juicio
Tras concluir la investigación, el fiscal solicitó la citación a juicio por cinco hechos:
En el primero, siete policías deberán responder por abuso de autoridad, al considerar que omitieron resguardar la vida de Blas Correas durante el control vehicular realizado en la madrugada del 6 de agosto de 2020, en la intersección de avenida Chacabuco y calle Corrientes. Según la acusación, no brindaron asistencia médica ni permitieron su traslado al Hospital de Urgencias, lo que derivó en su fallecimiento.
Lesiones y encubrimiento policial
El segundo hecho involucra a la oficial principal Natalia Soledad Márquez, acusada de lesiones leves calificadas, por haber agredido a Camila María Toci, quien viajaba en el mismo vehículo que Blas Correas, durante un palpado preventivo.
El tercer hecho apunta al ex comisario mayor Gonzalo Cumplido, imputado por encubrimiento agravado, al haber tomado conocimiento del plantado de un arma de fuego en la escena del crimen con el objetivo de desviar la investigación y no denunciarlo.
Dádivas y responsabilidades políticas
En el cuarto hecho, el ex ministro Alfonso Mosquera fue acusado como autor del delito de ofrecimiento de dádivas, mientras que Lucas Mezzano fue imputado como partícipe necesario y Cumplido como receptor de las mismas.
Según la acusación, Mosquera habría ofrecido y entregado a Cumplido un vehículo Toyota Corolla, junto al pago del seguro y combustible, en el marco de las derivaciones institucionales del caso de gatillo fácil.
Manipulación de pruebas
El quinto hecho involucra al director del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía, Víctor Rubén Di Stéfano, acusado de abuso de autoridad por permitir que personal policial jerárquico accediera a las grabaciones de cámaras de seguridad vinculadas al crimen.
Hechos archivados y causas pendientes
El fiscal dispuso además el archivo de tres hechos investigados, entre ellos los vinculados a supuestas fallas en la formación policial, contención psicológica a las víctimas y acusaciones ya investigadas en otras fiscalías.
No obstante, continúa pendiente la investigación por violación de medios de prueba, que involucra a varios policías, entre ellos Javier Catriel Alarcón, uno de los condenados por el homicidio de Blas Correas.
