El parlamentario provincial presentó un duro reclamo para que la gestión de Martín Llaryora aclare, mediante documentación oficial, cómo se financió la misión internacional. El bloque opositor busca determinar si viajaron familiares de los funcionarios con fondos públicos.

Pedido de informes y sospechas sobre la integración de la comitiva en el exterior

La arena política provincial sumó una fuerte polémica legislativa en las últimas horas a raíz de una iniciativa impulsada por el legislador Juan Pablo Peirone. El parlamentario formalizó la presentación de un exhaustivo Pedido de Informes ante la Legislatura de Córdoba con el objetivo de obligar al Poder Ejecutivo a dar explicaciones claras y pormenorizadas sobre el reciente viaje oficial realizado por el ministro de Economía de la gestión del gobernador Martín Llaryora a la República Popular China.

El centro del reclamo radica en la sospecha y los interrogantes en torno a las personas que abordaron el vuelo internacional. Desde el bloque legislativo que encabeza Peirone buscan constatar fehacientemente la nómina del contingente para determinar si en la delegación oficial se incluyeron familiares directos, allegados o particulares que no revisten ninguna función pública ni técnica dentro del organigrama del Estado cordobés, pero cuyos costos de traslado y estadía podrían haber sido absorbidos por las arcas del Estado.

Exigencia de transparencia y rendición de cuentas «peso por peso»

El documento ingresado formalmente en la Unicameral exige que la Provincia ponga a disposición de la ciudadanía la documentación respaldatoria que desglose el valor de cada pasaje aéreo, los alojamientos de hotel seleccionados, los viáticos otorgados y cualquier otra erogación conexa a la travesía. Asimismo, el reclamo solicita identificar con precisión a la autoridad gubernamental que autorizó dichas partidas presupuestarias, al tiempo que pide rendir cuentas sobre la agenda de actividades desplegada en el país asiático y los resultados concretos que la misión obtuvo para el beneficio de Córdoba.

«Los cordobeses hacen un enorme esfuerzo para pagar sus impuestos y el Gobierno tiene la obligación de explicar, peso por peso, cómo administra esos recursos», remarcó con dureza Peirone, enfatizando que el dinero público pertenece de forma exclusiva a los contribuyentes y no a los funcionarios de turno. El legislador concluyó advirtiendo que, si la misión cumplió fines estrictamente institucionales, el oficialismo debería publicar la documentación de manera inmediata, anticipando que, en caso de comprobarse el uso de fondos públicos para financiar a particulares sin cargo, los responsables deberán afrontar las consecuencias administrativas y legales correspondientes.