A través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó el esquema de compensaciones económicas a las empresas de colectivos. Bajo el nuevo paradigma de libertad tarifaria, las firmas deberán absorber los costos operativos, manteniendo de forma obligatoria la gratuidad para personas con discapacidad y trasplantados.

Un giro en la política de subsidios bajo el paradigma de la desregulación comercial

El esquema de financiamiento y la estructura de costos del transporte automotor de larga distancia en la República Argentina registraron una modificación medular que altera las relaciones contractuales entre el Estado y el sector empresarial. El Gobierno nacional formalizó este martes 26 de mayo la eliminación definitiva del régimen de compensaciones económicas que se otorgaba de forma mensual a las compañías de colectivos interjurisdiccionales para cubrir los costos de los pasajes gratuitos establecidos por ley. La medida, oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, fundamenta su aplicación de forma transparente en la consolidación del nuevo paradigma de desregulación y libertad tarifaria que rige para la actividad.

La reconfiguración del sistema de subsidios nacionales impactará de manera directa en las hojas de ruta y en las previsiones financieras de las prestatarias que operan en las terminales de nuestra provincia de Córdoba. El cambio de rumbo administrativo marca el fin de una etapa de asistencia financiera centralizada que buscaba amortiguar el impacto de las políticas de inclusión social sobre los balances corporativos, abriendo un escenario de total autonomía comercial para los operadores de nuestra región.

Fin del auxilio financiero estatal: las empresas deberán absorber el costo de las leyes especiales

La Resolución N.° 28/2026 deja formalmente sin efecto el andamiaje de pagos parciales que el Estado nacional realizaba a las empresas desde el año 2018 para mitigar la carga de los boletos emitidos bajo normativas tuitivas específicas. Sin embargo, la letra de la normativa es taxativa e indispensable al aclarar a los usuarios de nuestra ciudad que esta quita de fondos públicos no lesiona ni altera el contenido esencial del derecho a la gratuidad, el cual permanece plenamente vigente e inalterable.

De este modo, las firmas de transporte de carácter interjurisdiccional conservan la obligación legal y administrativa de continuar entregando los boletos de viaje sin cargo alguno a los beneficiarios amparados por las leyes nacionales N.° 22.431 (personas con discapacidad), N.° 26.928 (personas trasplantadas o en lista de espera de injertos) y N.° 27.674 (niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico). El cambio radical radica estrictamente en que, a partir de la fecha, las corporaciones comerciales deberán «internalizar» y absorber dicho costo social de manera directa dentro de su propia estructura operativa y de costos ordinarios.

El argumento de la libertad tarifaria y los estrictos controles que ejecutará la CNRT

La Secretaría de Transporte de la Nación justificó técnicamente la medida señalando que el viejo sistema de compensaciones respondía a un contexto de «fuerte intervención estatal» y de tarifas rígidamente reguladas que ya ha sido superado por la actual administración. Con la plena vigencia del Decreto N.° 883/2024, los transportistas gozan de la facultad de determinar libremente sus recorridos, frecuencias, horarios y, fundamentalmente, fijar el valor de sus tarifas, lo que a criterio oficial les permite compensar los boletos gratuitos mediante el libre juego de la oferta y la demanda en nuestra zona.

Para neutralizar cualquier intento de vulneración de derechos o negativas de emisión en las boleterías, la resolución encomienda de forma directa a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asegurar el efectivo cumplimiento de la entrega de pasajes sin cargo. El organismo nacional ratificó que mantendrá e intensificará los procedimientos de fiscalización en todas las plataformas y terminales de nuestra provincia para garantizar que los vecinos accedan al beneficio con normalidad.

Desde Tiempo Regional, realizamos un seguimiento exhaustivo y riguroso de las transformaciones que experimentan los servicios públicos esenciales. Entendemos de forma rigurosa que obligar a las empresas a sostener los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad sin descuidar el control institucional de las tarifas y garantizar la accesibilidad universal constituyen las herramientas más transparentes, indispensables y efectivas para resguardar la equidad social y velar por el bienestar de todas las familias que habitan en nuestra comunidad regional.