El parlamentario de la oposición cuestionó con dureza el proyecto del gobernador Martín Llaryora para financiar proyectos productivos con un piso de $10.000 millones anuales. Advirtió que el sistema sanitario provincial se encuentra en una situación crítica y que ya quedan menos de 60 clínicas activas en todo el territorio.

Cuestionamientos al uso de Ingresos Brutos y la asignación de recursos

La validez de las prioridades presupuestarias del Ejecutivo provincial volvió a encender el debate político en el arco legislativo. El legislador provincial Juan Pablo Peirone expresó su tajante rechazo al proyecto impulsado por el gobernador Martín Llaryora para la creación del Fondo de Capital Emprendedor, una medida que el parlamentario de la oposición criticó con dureza al asegurar de forma categórica que «el verdadero nombre de esta ley debería ser ‘El robo del robo'».

El eje del reclamo de Peirone se centra en el origen y el volumen de los fondos públicos que se comprometieron para sostener este programa de incentivos. Según detalló el funcionario, la normativa destinará un presupuesto mínimo de 10.000 millones de pesos al año, los cuales serán extraídos de forma directa de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que catalogó abiertamente como «el impuesto más nefasto de todos». Para el legislador, la distribución de este dinero se manejará de manera «discrecional» por parte del oficialismo, en lugar de inyectar los recursos financieros allí donde «realmente se queman las papas» dentro de nuestra provincia.

Alerta por la crisis sanitaria y el cierre de clínicas en el interior

La principal denuncia de la oposición radica en lo que consideran una falta de sensibilidad frente a las urgencias estructurales que padecen los ciudadanos cotidianamente. Peirone contrastó la asignación millonaria de recursos para el sector de las startups con la severa crisis de prestadores que atraviesa la salud pública y privada en las diversas localidades de nuestra región y el mapa cordobés.

«En los últimos años cerraron clínicas en toda la provincia. ¡Hoy quedan menos de 60!», graficó con alarma el legislador, advirtiendo que a raíz de este vaciamiento la población civil se está quedando desamparada, sin la posibilidad de acceder a una atención médica básica ni a la cobertura de instituciones de salud en sus comunidades. Ante este escenario, el parlamentario exigió formalmente que se revisen las prioridades estatales de manera urgente, reclamando «menos marketing político y más respuestas reales para los cordobeses» y sentenciando que, mientras el sistema sanitario colapsa, el gobierno opta por financiar proyectos orientados «para la foto».