Ante el crítico desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional y la falta de pagos de PAMI e Incluir Salud, la Provincia activó un fondo de emergencia. El objetivo es evitar el cierre de entidades que prestan servicios esenciales a personas con discapacidad en nuestra región y en todo el territorio cordobés.
Un salvataje urgente ante el corte de fondos nacionales
En una reunión clave mantenida este miércoles en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad, tanto de la capital como del interior provincial. El mandatario confirmó un refuerzo económico de 450 millones de pesos destinados a paliar la «profunda crisis» que atraviesa el sector, agravada por la morosidad y los incumplimientos en los pagos de programas nacionales.
Para las familias de nuestra región, donde diversas entidades locales luchan por mantener sus puertas abiertas, este anuncio llega como un respiro necesario. Llaryora explicó que el Fondo de Emergencia para la Discapacidad, originalmente pensado para nuevos proyectos de inclusión, se aplicará ahora exclusivamente para evitar el colapso de las prestaciones vigentes.
El impacto del ajuste: deudas de PAMI e Incluir Salud
Durante el encuentro, del cual participó la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, se expuso un panorama desolador. Instituciones de gran trayectoria informaron que han dejado de percibir los aportes de PAMI y del programa Incluir Salud, lo que genera un «daño sanitario grave». El gobernador fue tajante al señalar que, si bien la Provincia está agilizando estos fondos para llevar tranquilidad, «las provincias y municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente».
En nuestra zona de influencia, el transporte de personas con discapacidad y los servicios de doble jornada son los más afectados por la liberación del precio de los combustibles y el congelamiento de aranceles nacionales. Montero calificó la situación como un «verdadero descuartizamiento de la salud pública», asegurando que se reactivará también un complemento alimentario para las entidades que ofrecen servicios de jornada completa.
La voz de las instituciones: entre el alivio y la incertidumbre
Representantes de diversas fundaciones y asociaciones civiles coincidieron en que este aporte marca la diferencia entre continuar brindando servicios o verse obligados a interrumpirlos. «No registramos una crisis similar en los últimos 25 años», advirtieron referentes del sector, señalando que la migración de profesionales y el endeudamiento creciente ponen en riesgo la atención de los más vulnerables.
Desde Tiempo Regional, seguimos de cerca cómo impactará esta asistencia en las entidades de Tercero Arriba y Calamuchita. Aunque la inversión provincial en inclusión social ascendió este año a 4.500 millones de pesos, el foco hoy está puesto en la subsistencia diaria de los hogares y centros de día que, gracias a la «solidaridad de todos los cordobeses», han logrado obtener un margen de oxígeno para seguir operando en este contexto de extrema fragilidad.
