El legislador provincial Juan Pablo Peirone denunció que la Provincia destina cerca de $4.000 millones a una empresa de seguridad privada mientras —según afirmó— persisten carencias en infraestructura escolar. Presentó un pedido de informes en la Unicameral.
Denuncia por el destino de fondos vinculados a educación
El legislador provincial Juan Pablo Peirone presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba para que el Gobierno provincial brinde explicaciones sobre un contrato de seguridad privada que, según indicó, alcanzaría los $4.000 millones.
A través de un comunicado público, el dirigente sostuvo que mientras “muchas escuelas se encuentran con problemas de infraestructura, sin ventiladores o sin conexión a internet”, la Provincia habría destinado una cifra millonaria para la contratación de servicios de seguridad.
En ese marco, Peirone apuntó contra la empresa M3 S.R.L., a la que calificó como “desconocida”, señalando que —según su planteo— no contaría con información pública clara sobre sus responsables ni presencia institucional visible.
Cuestionamientos por el monto y la modalidad
El legislador aseguró que el contrato implicaría un desembolso aproximado de $11 millones diarios, y cuestionó la falta de detalles sobre la prestación del servicio.
“Las facturas son genéricas. No sabemos cuánta gente cuida, ni dónde, ni cómo”, expresó en su mensaje difundido públicamente, donde también pidió mayor transparencia en la utilización de los recursos.
Peirone también señaló que anteriormente esas tareas eran realizadas por efectivos policiales mediante el sistema de adicionales, y consideró que la nueva modalidad afectaría esa posibilidad de ingreso para los uniformados.
Pedido formal en la Unicameral
Ante esta situación, el legislador confirmó la presentación de un pedido de informes en la Unicameral para que el Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, detalle las condiciones del contrato, el proceso de adjudicación y la asignación presupuestaria correspondiente.
El planteo abre un nuevo foco de debate en torno a la administración de los recursos públicos en Córdoba, particularmente en áreas sensibles como educación y seguridad.
Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial del Gobierno provincial respecto a los cuestionamientos planteados por el legislador.
