El Ministerio de Seguridad formalizó un nuevo protocolo que obliga a los adultos responsables a afrontar los costos económicos de los despliegues de seguridad por amenazas de tiroteos o bombas. La medida busca recuperar los recursos invertidos en policías, bomberos y brigadas especiales ante situaciones de intimidación pública.

Un freno económico a la intimidación pública

El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha decidido endurecer su postura ante la creciente ola de falsas amenazas de tiroteos y bombas en establecimientos educativos. A través de un nuevo protocolo formalizado por el Ministerio de Seguridad, se estableció que quienes generen estas situaciones deberán afrontar los costos operativos de los despliegues de seguridad. La medida apunta directamente a los padres o adultos responsables de los menores que resulten identificados e imputados por la Justicia.

A partir de esta resolución, cada vez que se active una falsa alarma que obligue la intervención del Estado, no solo habrá consecuencias penales para los autores, sino que se iniciará un proceso de recupero económico. El Estado cuantificará los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo —incluyendo combustible, horas de personal y uso de tecnología— para luego intimar al pago a los responsables.

«Ese costo no puede recaer sobre toda la sociedad»

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue contundente al explicar los fundamentos de esta política de «tolerancia cero». Según el funcionario, cada operativo de estas características moviliza móviles, sistemas de emergencia y tareas investigativas que afectan capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de nuestra provincia.

«Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos y unidades especiales que deberían estar cuidando a los vecinos. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad», enfatizó Quinteros. El ministro remarcó que estas conductas alteran el normal funcionamiento escolar y generan una profunda angustia en estudiantes, docentes y familias de nuestra región.

Coordinación con la Justicia y áreas operativas

La implementación de este protocolo se realizará de manera articulada entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes. Una vez que la Justicia identifique a los responsables de la intimidación, el Estado avanzará con las acciones judiciales necesarias para asegurar el reintegro de los fondos.

Desde Tiempo Regional, destacamos que esta medida busca ser un fuerte disuasivo ante una problemática que ha afectado recientemente a diversas instituciones. Con este protocolo, la Provincia reafirma su compromiso de garantizar entornos educativos seguros y de proteger los recursos públicos, asegurando que la irresponsabilidad de unos pocos no perjudique la seguridad y el bolsillo de todos los cordobeses en nuestro departamento Tercero Arriba.