La iniciativa busca que los consumidores puedan acceder de forma clara y visible a los datos obligatorios de los alimentos envasados en entornos digitales antes de concretar una compra.
Una ley adaptada al consumo digital
En la Legislatura de la Provincia de Córdoba fue presentado un proyecto de ley que apunta a garantizar el acceso a la información nutricional en la comercialización digital de alimentos envasados.
La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Pablo Peirone, surge en un contexto donde cada vez más personas realizan sus compras a través de plataformas online, lo que plantea nuevos desafíos en materia de derechos del consumidor.
Acceso claro a la información antes de comprar
El proyecto establece que, antes de concretar una compra, los usuarios deben poder visualizar de manera clara, visible y accesible datos esenciales como:
- Denominación del producto
- Lista de ingredientes
- Tabla de información nutricional
- Sellos de advertencia y leyendas precautorias
Según se detalla, esta información deberá estar disponible sin obstáculos, dentro de la misma interfaz de compra o mediante accesos directos, evitando redireccionamientos que dificulten su consulta.
Sin nuevos requisitos, pero con mayor control
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que no crea nuevas obligaciones para los productos, sino que busca garantizar que la información ya exigida por la normativa nacional también esté presente en los entornos digitales.
En ese sentido, se enmarca en leyes vigentes como la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, que regulan el etiquetado y la información alimentaria.
Alcance y responsabilidades
La propuesta alcanza tanto a proveedores que venden alimentos envasados de forma directa como a plataformas digitales que intervienen en la publicación o visualización de los productos.
Además, se establece un esquema de responsabilidades diferenciadas: las plataformas no serán responsables del contenido si no lo modifican, aunque deberán colaborar con las autoridades en tareas de control.
Plazos y aplicación
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de los 120 días posteriores a su aprobación, mientras que los actores alcanzados tendrán un plazo de 180 días para adecuarse.
La autoridad de aplicación será el organismo provincial de defensa del consumidor, en coordinación con el Ministerio de Salud, y podrá realizar controles, intimar adecuaciones y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
Más transparencia para decisiones informadas
Desde sus fundamentos, la iniciativa destaca que el crecimiento del comercio electrónico ha generado una brecha en el acceso a la información alimentaria, afectando la posibilidad de tomar decisiones informadas.
En ese marco, el proyecto busca reforzar la transparencia, promover hábitos de consumo responsables y garantizar que el derecho a elegir qué consumir no dependa del canal de compra, ya sea en una góndola física o desde un dispositivo móvil.
